España y la economía sumergida

Mientras que el gobierno portugués sortea coches de lujo como método para luchar contra la economía sumergida, España encabeza la lista de países con mayor número de actividades no declaradas de la Unión Europea. Así lo pone de manifiesto el informe «The Shadow Economy in Europe» -elaborado por el destacado economista austriaco F. Schneider-, que sitúa en un 15 o 16% del Producto Interior Bruto (PIB) la economía sumergida en países como Alemania y Francia frente al 22,8 % de España y al 26,9 % de la vecina Italia. Esta cifra ascienda hasta el 24,6 % de nuestro PIB -unos 253.000 millones de euros- según el último estudio dado a conocer por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

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Aparejada a épocas de crisis económica, la economía sumergida siempre ha sido una tema de preocupación a nivel mundial. Es frecuentada en mayor medida por personas que tienen otra ocupación por cuenta ajena, desempleados de larga duración, inmigrantes sin papeles y personas laboralmente inactivas como amas de casa o estudiantes. Entre sus causas, y tomando como referencia el caso español, se puede hablar de una mezcla de poca conciencia fiscal entre los ciudadanos españoles, una alta presión fiscal y una compleja regulación para pymes y autónomos.

Volviendo al ejemplo de la Hacienda lusa, la puesta en marcha de la conocida como «Factura de la Suerte» ha animado a los contribuyentes a pedir factura por todos los productos y servicios que consumen. Para entrar en el sorteo mensual de un coche de lujo, basta con ingresar en la web de Hacienda los datos de cualquier factura. De este modo, las empresas no quedan fuera de la ley, ya que están obligadas a emitir factura y pagar IVA. Según datos oficiales, desde el lanzamiento de esta idea se han detectado 200.000 empresas ocultas, de las que 70.000 han regularizado su situación de forma voluntaria. Sea como fuere, lo cierto es que Portugal ha conseguido situarse como el séptimo país europeo con menor tasa de economía irregular.

Los planes del Gobierno español para destapar la economía sumergida -sobre todo en el sector turístico- se centran, a nivel empresarial, en detectar aquellas pymes, multinacionales y autónomos que no cumplen con sus obligaciones fiscales y mantienen su actividad al margen de las leyes fiscales. En otros casos, a aquellos obligados tributarios que ocultan patrimonios en el exterior o recurren al denominado software de doble uso, un tipo de fraude consistente en la aplicación de herramientas informáticas capaces de ocultar ventas y manipular la contabilidad. Para ello, además extenderá su control a los contactos y relaciones online que mantengan las empresas en las redes sociales.

Además, desde distintos sectores empresariales se piden medidas no solo de protección social sino también de apoyo al emprendimiento español que permitan una mayor flexibilidad en el marco laboral, el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, así como mayores incentivos a la contratación. De este modo, se podrían reducir considerablemente los niveles de empleo en «negro» y hacer aflorar hasta tres millones de puestos de trabajo, tal y como confirma Ranstad en su último estudio «Flexibilidad en el trabajo 2014».

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