La sociedad offshore y Hacienda

Aunque la tensa relación entre una sociedad offshore y Hacienda puede parecer una situación actual, lo cierto es que hace tiempo que las empresas transnacionales tratan de buscar formas de evadir sus obligaciones con el fisco.

Desde principios del siglo XX, cuando los estados empezaron a depender de los impuestos sobre la renta, se comenzaron a producir irregularidades.

¿Por qué se buscan destinos “offshore” para el dinero?

De acuerdo a las leyes de impuestos nacionales sobre la renta, generalmente se aplican gravámenes a los ingresos para un determinado ejercicio definidos por su fuente, o personas (físicas o jurídicas) según su país de residencia o ciudadanía, la cuantía y la actividad.

Hay quienes consideran que ese peaje es demasiado elevado. Ven sus ganancias mermadas por la contribución a Hacienda y desearían no tener que pagar impuestos, o que estos no supusieran un porcentaje de sus ingresos tan alto. Se debaten entre la oportunidad de la sociedad offshore y Hacienda, con la obligación que impone a sus negocios.

¿Es offshore un destino real?

«Offshore» no es un lugar, sino un sistema o estructura legal, que permite a las personas o empresas con sede o que viven en países con altos impuestos pagar impuestos bajos. Por lo general, se combinan diferentes tipos de condiciones ventajosas. Es por eso que existen «listas negras» de paraísos fiscales, esos destinos donde una sociedad offshore y Hacienda confirman sus intereses contrapuestos.

¿Cómo son los destinos donde va el dinero de las sociedades offshore y Hacienda qué hace al respecto?

Aunque comúnmente se los considera países pequeños, destinos exóticos y lejanos, el número de kilómetros cuadrados de la superficie del país o el de habitantes no influyen para nada a la hora de considerar si un lugar cumple los requisitos para ser incluido en la lista de “offshore” o no. La característica principal que define a este tipo de destinos de capital es que sus leyes benefician a los no residentes del país.

Pueden diseñarse deliberadamente para hacerlo, o el beneficio puede resultar simplemente de limitar el alcance de las normas nacionales a los residentes del país. Por ejemplo, en 1934, las élites políticas y financieras de Suiza decidieron reforzar su papel como centro bancario extraterritorial, que comenzó a principios del siglo pasado, mediante la promulgación de una normativa que afecta a sus bancos y les penaliza por cualquier divulgación de información sobre clientes.

En cualquier caso, el uso de acuerdos extraterritoriales a veces puede demostrarse que es ilegal, ya sea en virtud del derecho civil o, más raramente, del derecho penal. Algunos arreglos están diseñados para explotar las «áreas grises» legales que resultan de la maleabilidad de los conceptos legales abstractos, en particular la residencia y la fuente. Por ejemplo, los beneficiarios de un fideicomiso offshore pueden afirmar no tener ingresos del exterior, incluso si los fideicomisarios invierten sus activos como dirigen y utilizan los ingresos para su beneficio.

De hecho, es particularmente difícil probar que un acto es criminal, porque esto generalmente requiere evidencia de la intención de violar la ley, o conocimiento de que el acto es contrario a la ley.

No obstante, las autoridades tienen medios, en algunos casos, para demostrar que existe un impuesto que se ha evitado o evadido. Cuando esto ocurre mediante el uso de un acuerdo offshore, puede considerarse un flujo financiero ilícito. Otros tipos de flujos ilícitos también pueden implicar la evasión o elusión fiscal, por lo que existe una superposición entre estas categorías, que debe tenerse en cuenta al analizar y cuantificar el acto cometido offshore por Hacienda.

Créditos fotográficos: Marina_Skoropadskaya